sábado, 20 de abril de 2019

Antiderechos y posverdad

La ley de divorcio no obliga a nadie a divorciarse.
La ley de matrimonio igualitario no obliga a nadie a casarse.
La ley de interrupción legal del embarazo no obligará a nadie a abortar.
Ahora bien: o mejor dicho, AHORA MAL...
La nueva ley de vacunación sistemática sancionada en enero (ley 27491, llamada de "control de enfermedades prevenibles por vacunación" y también conocida como "ley Yedlin") obliga a todo el mundo a vacunarse, con todo tipo de vacunas cuya efectividad y -sobre todo- cuya inocuidad está científicamente cuestionada: no hay acceso a prospectos para las personas vacunadas, como sí lo hay en cualquier medicamento comprado en farmacia, y así nadie sabe exactamente qué le inoculan en su torrente sanguíneo. ¿Será preferible tener aluminio o mercurio en sangre antes que exponerse a un hipotético contagio de enfermedades que, por otra parte, no siempre constituyen un peligro real? ¿Dónde queda aquello de que "en mi cuerpo decido yo"?
Yo no soy "anti-vacunas", por si alguien me quiere meter apresuradamente en alguna bolsa del Supermercado de la Posverdad. Aquí no se trata de etiquetas, sino de derechos, empezando por el derecho a la salud pública. Que puedas ir en cana o que te separen de tus seres queridos que están a tu cargo por no acceder a vacunaciones sistemáticas y desinformadas, va contra tus derechos y los de tus seres queridos. Si el Estado decide, sin tu consentimiento, que tu hijo o hija debe recibir una ignota (cuando no sospechosa) batería de vacunas como condición para acceder o permanecer en el sistema educativo, ese Estado está atropellando el derecho a la educación. Y si el Estado, para darme una licencia de conducir, un pasaporte o un título, me obliga a colocarme en el cuerpo algo que yo no quiero, evidentemente no estamos ante una presunta rivalidad de "provacunas" y "antivacunas" (por si no quedó claro, yo no soy "anti", y no me opongo a que quienes así lo deseen se vacunen como y cuanto quieran). Es más bien al revés: estamos ante una ley anti-derechos.
Yo adhiero al Consentimiento Informado y no a la vacunación obligatoria, desinformada y eventualmente compulsiva que la ley 27491 consagra en su letra. Por eso sostengo que esta ley debería ser urgentemente revisada, cuestionada y eventualmente derogada, en bien de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.

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